Fuera de que se fomente entre los mexicanos la cultura de la participación ciudadana en las decisiones políticas y sociales más importantes del país, no le veo ninguna otra utilidad a la Consulta Popular que se verificará el próximo 1 de agosto, al menos, no para los ciudadanos.  

De acuerdo al Sistema de Información Legislativa del Congreso de la Unión, la consulta popular es: un mecanismo de participación ciudadana, que sirve para ejercer el derecho constitucional, para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.  

Partiendo de este concepto, la consulta popular es un sano ejercicio para la vida democrática del país. Sin embargo, el problema es, cuándo se usa con fines políticos cómo lo está haciendo el presidente de la República y su partido MORENA. 

Si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificó la pregunta original planteada por López Obrador y que dio como resultado un cuestionamiento muy confuso, para el colectivo social es claro que la Consulta Popular que se hará en México, es para conocer si desean que se enjuicie a los ex presidentes o no.  

Es obvio, que el resultado de la consulta será a favor del sí, es como preguntarle a una persona, si se quieren que se castigue a los culpables de cometer un crimen, y no porque los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sean delincuentes confesos, sino porque en el imaginario del colectivo social, son los principales culpables de la pobreza, la corrupción y la impunidad que han llevado a la terrible desigualdad social que padecemos los mexicanos.   

Es aquí, donde surge el primero de los muchos contras que tiene este planteamiento, ya que, si los ex ejecutivos federales cometieron algún delito durante sus gobiernos y existen pruebas de ello, no es necesario que las actuales autoridades les pregunten a los ciudadanos si deben enjuiciarlos o no, ya que la Ley no se pregunta, se aplica.   

Otro de los puntos negativos de la consulta, es el gasto que generará al Estado, ya que costará alrededor de 528 millones de pesos, siendo México un país con graves carencias económicas, es una obviedad que ese recurso se podría utilizar en temas más importantes para la sociedad.  

Además, si la consulta no logra que el 40 por ciento del padrón electoral nacional participen, unos 37 millones de ciudadanos, no será vinculante, es decir no tendrá validez para que el Estado ejecute el mandato de los ciudadanos.  

Y un punto negativo más que tiene este ejercicio, es, que el actor intelectual de la misma, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció hace unas semanas que no participará en la consulta, ya que su fuerte “no es la venganza”, aunque aclaró que el pueblo es el que decidirá, guardando las proporciones, es como aquella frase de Poncio Pilatos al momento de decidir la crucifixión de Jesús de Nazaret, “yo me lavo las manos” dejándole la responsabilidad al pueblo.  

Por los ángulos que se vea, la Consulta Popular tiene más contras que pros para los mexicanos, no así, para el gobierno en turno, ya que, con la realización de este ejercicio ciudadano, el mandatario federal cumple una de sus promesas, la de preguntarle a sus representados y tomarlos en cuenta a la hora de decidir.  

Cuando escucho a los defensores de la 4T, exponer sus razones por las que la consulta sí debe realizarse, todas se basan en el pasado, cómo que antes los gobiernos se gastaban más en otras cosas o se robaban más con la corrupción.   

¿No qué este nuevo gobierno iba a ser mejor que los anteriores? Y eso no sólo significa no cometer actos de corrupción, sino también optimizar los recursos por el bien de la gente y gastar más de 500 millones en preguntarles a los ciudadanos algo en lo que ya sabemos la respuesta, no me parece benéfico para el bien común.  

Entonces, me pregunto con todos los razonamientos expuestos ¿Para qué sirve la Consulta?    

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Antonio Frausto 

Periodista y Consultor junior en comunicación 

Cuenta con 18 años de experiencia en el ámbito de los medios de comunicación, desempeñándose en la prensa escrita y digital, con especialización en los temas políticos y culturales.

Se ha desempeñado como Coordinador de Comunicación Social en diversos Gobiernos Municipales en Tamaulipas. Además de Coordinador de Comunicación Social e Imagen en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Así como asesor en comunicación e imagen de personajes de la política tamaulipeca.

Desde hace 10 años ha participado en múltiples en campañas políticas para presidentes municipales, diputados locales y gobernador de Tamaulipas.

Experiencia profesional que lo ha llevado a compartir sus conocimientos en las aulas de instituciones como la Universidad La Salle Victoria y la Universidad Valle del Bravo.